La reforma de las pensiones de Escrivá desprecia a Bruselas y agrava su insostenibilidad

La reforma de las pensiones anunciada ayer (por segunda vez) a bombo y platillo por el Gobierno desprecia, una vez más, las peticiones de la Unión Europea de tomar medidas que garanticen la sostenibilidad de nuestra Seguridad Social. De hecho, las nuevas medidas agravan su déficit y hacen inevitable una rebaja de las pensiones en el futuro, que ya ha insinuado el propio José Luis Escrivá.

Bruselas lleva años pidiendo a España que reforme en profundidad las pensiones. En las condiciones pactadas para la concesión de los 140.000 millones de fondos europeos, la Comisión Europea exige medidas para «preservar su sostenibilidad a medio y largo plazo apoyando vidas laborales más largas».

Esto último sí se contempla en las medidas adoptadas por el Ejecutivo para penalizar las jubilaciones anticipadas y para incentivar el retiro, pero siguen siendo decisiones voluntarias; es decir, no se retrasa por ley la edad de jubilación (un melón que se está abriendo en Alemania), ni se prohíben las prejubilaciones como las que están acometiendo masivamente los grandes bancos. Es decir, no hay ninguna garantía de éxito.

Pero lo más grave, y donde el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia las demandas de Bruselas, es que la reforma deroga el factor de sostenibilidad que introdujo Mariano Rajoy y garantiza la revalorización anual de las pensiones de acuerdo con el IPC (siempre que sea positivo; si es negativo como ha ocurrido en los últimos años, no bajan). Esta medida tendrá un coste del 4% del PIB, unos 50.000 millones en el año 2050, según cálculos de la Comisión.

Esto agrava aún más el agujero de la Seguridad Social: arrastra una deuda de 92.000 millones, después de dispararse un 33,4% entre enero y junio, para cubrir un déficit que ya alcanza los 22.000 millones anuales y creciendo. Unas cifras que preocupan mucho en Bruselas y para las que el Gobierno ha encontrado como única solución sufragarlas con impuestos y deuda pública, dada la insuficiencia de las cotizaciones.

Es inevitable una rebaja de las pensiones futuras

De momento, Bruselas no ha dicho nada al respecto y ha liberado las primeras entregas de los fondos Next Generation, pero se da por hecho que se pondrá seria para las que deben llegar en 2022. Escrivá lo sabe y ya ha empezado a soltar globos sonda respecto a posibles recortes futuros de las pensiones: en la firma del acuerdo para la reforma con los agentes sociales admitió que los nacidos en los años 60 y 70 tendrán que percibir pensiones más bajas o trabajar más años.

Para afrontar el problema de la jubilación de los ‘baby boomers’, pretende negociar con CEOE y sindicatos un nuevo «factor de solidaridad intergeneracional» este otoño, que aún no se sabe en qué consistirá pero que, en cualquier caso, implicará necesariamente una menor revalorización de las pensiones futuras. Ahora bien, entrará en vigor en 2027, un plazo muy largo que tampoco hace gracia en Europa.

Otra medida que tiene que negociarse es quitar el tope de la base de cotización máxima, es decir, que los sueldos más altos puedan cotizar más de lo que lo hacen en la actualidad.  Una medida que el Ejecutivo espera que incremente los ingresos del sistema, pero, de nuevo, no se sabe si será voluntaria u obligatoria. Esta medida debería ir acompañada de una subida de la pensión máxima, pero los sindicatos se oponen; es decir, quieren que las rentas altas paguen más pero que no cobren más pensión cuando se jubilen.

El déficit de la Seguridad Social tiene un motivo demográfico: cada vez hay más jubilados y cada vez viven más años, con lo que el gasto en pensiones aumenta, mientras que la caída de la natalidad hace que cada vez haya menos cotizantes. Además, las nuevas pensiones son las más altas de la historia porque en los últimos años se ha ido jubilando la generación mejor pagada. Por el lado de los ingresos, además del fuerte paro estructural que padece España (al que se suma el efecto puntual del covid), los bajos salarios se traducen en unas cotizaciones también reducidas. Finalmente, hay que sumar bonificaciones e incentivos a la contratación.